12 Jul
¿Nos oponemos a la INDUSTRIALIZACIÓN?

¡NO!

Como parte del Sector Estudiantil Universitario nos oponemos enfática y frontalmente a la manipulación y estigmatización que pretenden hacer del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, al señalarnos, veladamente, como los opositores a la industria y, por consiguiente, al PROGRESO. 

Nuestra postura es honesta y obedece a los intereses de las grandes mayorías que, desde hace mucho tiempo, vienen siendo víctimas de un sistema y estructura enquistado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y, que hoy, dispone de manos frescas e ilusas, con el objetivo de perpetuar su control y consolidar su poder.

El Convenio entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), es perjudicial para la Universidad y para la sociedad guatemalteca en general. Pero ¿Por qué es perjudicial el Convenio USAC-CIG? 

Para responder esta pregunta y, las que resulten de ésta, primero hay que observar el papel que ha tomado históricamente la CIG como institución, su naturaleza y sus fines, además de su origen de clase y los intereses de ésta y, posteriormente, hacer lo mismo con la otra institución, la USAC. 

La CIG es una institución de naturaleza privada, con objetivos de lucro, nacida de las clases pudientes del país. Pero no nace de un empresariado medio, no es el referente empresarial organizativo de la burguesía emergente, no pertenece a las capas medias del país, ni mucho menos el impulsor de la sana "competencia" empresarial que pregonan. La CIG es otro de los sectores de la Oligarquía de Guatemala, compuesta por unas cuantas familias, todas con resguardo de capitales en el exterior, acumuladores históricos de riqueza, evasores de impuestos, y explotadores por excelencia de las clases trabajadoras. 

La USAC es una institución de naturaleza pública, sin fines de lucro, académica, con el objetivo de instruir y educar, elevar el nivel cultural de la sociedad y coadyuvar al progreso social, político y económico de Guatemala. Aunque sus orígenes son conservadores, se fue transformando hasta alcanzar su autonomía y democracia interna, impulsando desde sus aulas, los cambios sustanciales que ameritaba el país. 

Es su importancia en la vida política del país, lo que convirtió a la USAC en un campo de cruentas luchas, un centro de atrincheramiento de elevadas posiciones progresistas y, por consiguiente, en el objetivo a infiltrar, cooptar y destruir. Los asesinatos y políticas represivas, financiados por el Sector Privado Organizado, los Estados extranjeros con influencia e intereses en el país y, materializados por el Ejército y grupos paramilitares afines; son el ejemplo claro de la conjunción de intereses de diversos sectores de poder, que ponen en detrimento el progreso de Guatemala. 

Este Convenio tiene fines claros y llanos, que se esconden entre las líneas redactadas; entre los que podemos destacar:

- Facilitación y obtención GRATUITA de mano de obra calificada (por medio del Ejercicio de Práctica Supervisada -EPS-).

- Minimizar los costos de producción (al no tener que pagar salarios a los practicantes).

- Evitar pasivos laborales (por no existir una relación laboral entre el practicante y las empresas). 

- Desvincular a la USAC de sus fines sociales (el EPS nace como una forma de brindar apoyo y soluciones a los distintos problemas sociales, no como un reclutador de mano de obra gratuita para el sector privado).

 - Continuar con el proceso privatizador de la USAC (al desvincular el EPS de su naturaleza y fines, ejerce una influencia aún mayor en la alienación de los futuros profesionales, que, a su vez, garantizarán la consolidación y reproducción de la influencia y control del Sector Privado más atrasado, discriminador y corrupto del país). 

¡NO¡ No nos oponemos a la industrialización del país, la que, por cierto, es un verdadero chiste en Guatemala. Asimismo, cabe resaltar que la tan "añorada" INDUSTRIALIZACIÓN, no es ni será jamás un postulado propio y único del sector privado, sino una necesidad y referente intrínseco del progreso de la sociedad, que, no pertenece, por propia "naturaleza", a los intereses privados, sino más bien, debe procurarse ser impulsados desde los espacios de poder públicos, a fin de garantizar su control y reparto equitativo, no solo de las obligaciones y responsabilidades, sino ante todo, de las riquezas y beneficios que de ésta emanen. 



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