El Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) a la comunidad sancarlista y al pueblo de Guatemala hace saber:

Somos una agrupación estudiantil independiente, sin fines electorales, partidistas, económicos o particulares. Conformado por estudiantes regulares de diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  Nacemos como un grupo de oposición ante los hechos anómalos que se han dado con la actual administración, con la convicción histórica que ha caracterizado a la USAC. A continuación, exponemos una lista detallada de las anomalías que hemos logrado identificar y que hacemos públicas.

1. El CSU en el 2018 aprobó el “Plan de Austeridad” (inciso 1.1 del Acta No. 19-2018; punto único del Acta No. 20-2018; inciso 4.1 del Acta No. 26-2018), cuyo fin aparente era “mermar” la crisis relacionada a la no obtención del 5% del presupuesto constitucional que le corresponde a la USAC. Este escenario de crisis, que ha sucedido en administraciones anteriores, se mantiene por intereses y grupos de poder externos e internos a la USAC. Dicho plan tuvo como propósito de fondo impulsar el cierre de carreras a nivel nacional, así como trasformar sus servicios en programas autofinanciables; con el objetivo de cargar sobre la comunidad sancarlista el costo elevado de estos; así como el de la corrupción administrativa, el nepotismo y el parasitismo de las autoridades. Demostrando la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades de exigir la asignación del presupuesto constitucional, que por derecho le corresponde a nuestra Alma Máter.
2. Las autoridades de la USAC agrupadas en el Consejo Superior Universitario (CSU), en el año 2018 aumentaron la cuota del Examen Vocacional de Q50.00 a Q100.00 (inciso 4.2 del Acta No. 28-2018) y el Plan Académico Preparatorio –PAP– de Q350.00 (por los cinco cursos) anuales a Q.1, 000.00 anuales por curso (inciso 4.2 del Acta No. 26-2018). Esto priva totalmente el derecho a la educación superior en la única universidad pública del país, de un pueblo con índices de pobreza de más del 60%. Desde 2018 se ha presentado ante el CSU oposición estudiantil ante el aumento del examen Vocacional y del PAP. Haciendo caso omiso de las exigencias, el CSU a través del departamento de Asuntos Jurídicos, sostiene que no debemos defender los derechos de los aspirantes a ingresar en la USAC, por no ser estudiantes inscritos. Violentando los derechos de la población guatemalteca de acceder a educación superior pública, gratuita y de calidad.
3. La administración oculta el riesgo que corren los Centros Universitarios (interior del país) y Escuelas no Facultativas, de no abrir carreras nuevas ni cohortes en unidades académicas que no cuenten con presupuesto ordinario para hacerlo, cuando es el gobierno universitario el responsable de gestionar los fondos necesarios que aseguren el acceso a la educación superior en todo el país.
4. La administración promueve la inseguridad laboral y ataca permanentemente a los sectores organizados de trabajadores, docentes e investigadores para promover la deserción estudiantil y laboral. Manifestándose en el trato dado a docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Arte, del PAP, guardias de seguridad que trabajan el doble de horas de ley, que no son pagadas, la misma situación sucede con los docentes de centros universitarios en el interior del país. Esto se materializa al promover un ambiente laboral hostil y precario, al no darles instalaciones y condiciones dignas y en el retraso de los contratos y pagos (inciso 2.4 del acta No. 16-2018 del CSU; inciso 7.1 del acta No. 17-2018 del CSU; inciso 2.3 del acta No. 18-2018 del CSU; inciso 7.6 del acta No. 26-2018).
5. Casos como el del “Club Deportivo los Arcos”, que ya se encuentra bajo administración privada solo profundizan la perdida de servicios públicos de todo el pueblo de Guatemala, en beneficio de particulares. A esto podemos agregar que en sesión del CSU se han presentado propuestas para elevar el precio de los parqueos de la USAC y el uso de las instalaciones deportivas del campus central. Al día de hoy, ya se cobra por el uso de las instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU), la Residencia del Estudiante (albergue estudiantil zona 1). Todo lo anterior, otra manifestación progresiva de la privatización de servicios públicos en favor del interés privado, ya no vinculado al bienestar de las y los guatemaltecos, sino al puro beneficio monetario particular.
6. Además, evidenciamos el interés de la administración central de la USAC por favorecer al sector industrial privado del país, al presentar una propuesta de convenio con la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), en la que se busca desarticular la vinculación de los practicantes del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) para con los sectores más necesitados de nuestro pueblo, poniéndolos al servicio y en beneficio de los agremiados de dicha cámara. Brindando trabajadores sin brindar ningún beneficio a la USAC, faltando con el mandato constitucional de retribuir a la sociedad.
7. De cara a la implementación del “Plan Estratégico de Seguridad” promovido por el Rector y diseñado por la Dirección General de Administración -DIGA-, cuya propuesta incluye el gasto de 30 millones de quetzales, y fue realizada con ausencia de los diferentes sectores que componen la comunidad universitaria. Presentamos oposición en el CSU, con relación al método de elaboración de dicho plan y el gasto en la compra de molinetes y cámaras de reconocimiento facial (realizado en el año 2018), por estar desconectado de la realidad de los sectores que conformamos la USAC y carecer de la fundamentación técnica y estudios reales que den soluciones estructurales al problema de la violencia y criminalidad. Es falso que nos oponemos a medidas de seguridad para el resguardo de todos los sancarlistas, pero comprendemos que una solución real y no el mero maquillaje, pasa por desmantelar las estructuras criminales que son sostenidas y financiadas por las diferentes autoridades de la USAC. Este plan lejos de brindar bienestar y seguridad, está encaminado al control, vigilancia y represión al estudiante.
8. Las demandas manifestadas en audiencia del 10 de abril ante el CSU dieron por resultado la instauración de una comisión técnica (no vinculante a las decisiones finales del consejo) donde se integran varios de los sectores que forman la comunidad universitaria. En dicha comisión se abordarán de forma integral temas de seguridad universitaria, bajo la “promesa de las autoridades” de detener la implementación del Plan de Seguridad hasta que la comisión presente su propuesta, la formación de esta comisión no es garantía de que las propuestas de la comunidad universitaria, será tomadas en cuenta. Pues, hasta el día de hoy, no se han detenido las licitaciones de equipo propuesto en el Plan Estratégico de Seguridad.
9. La actual administración no ha escondido sus maniobras vinculadas al acoso sistemático a vendedores formales e informales dentro de la USAC, para sustituirlos por cadenas de comida rápida vinculada a los intereses de los allegados al rector. Esto aunado a su rapacidad de querer extorsionar con cuotas exorbitantes de derecho a piso a los pocos vendedores que permitan seguir continuar con su vida laboral en nuestro campus universitario.
10. El rector ha declarado que nuestra agrupación tiene intereses políticos-electorales de cara a una virtual elección del secretariado de la AEU; promoviendo el discurso de criminalización del estudiantado que defiende sus derechos, negando la participación estudiantil en la construcción de la USAC y cayendo en la retórica vacía de intereses espurios como los suyos. A esto no cabe otra cosa que contestar, que evidentemente tenemos intereses políticos, pues toda manifestación en la realidad es política y que no, nos mueve otro interés, que no sea el de defender nuestra USAC. Lamentamos que algunos representantes estudiantiles que, por deber de su cargo, deberían estar al frente de esta lucha, caigan en las difamaciones del rector y se presten al argumento que esta justa lucha estudiantil, es solo propaganda para las elecciones de AEU, tratando de desdibujar el derecho de todos los sancarlistas a defender el derecho a la educación superior que tienen las y los guatemaltecos.  

Todo lo anterior demuestra, no solo las falsedades sostenidas por las autoridades administrativas de la USAC, sino también manifiestan con claridad las formas en las que la actual administración ha encaminado su agenda de privar a la mayoría de los guatemaltecos de su única universidad pública; sistemáticamente beneficiando al interés particular por sobre el colectivo. El camino de la privatización emprendida con la excusa de la crisis financiera, ha servido a la actual administración para esconder alevosamente su corrupción, su nepotismo y su parasitismo, así como su visión elitista de la educación, en la que el derecho constitucional a la educación pública es trasformado por ellos en un privilegio solo accesible a quienes puedan pagar por él. Nosotros sostendremos esta lucha por la USAC al servicio de todos, por el Id y Enseñad a Todos como un lema real y no una frase vaciada de todo contenido.